El futuro nunca llega con redoble de tambores; se nos cuela en casa como la humedad, silenciosa, cuando ya ha calado hasta los huesos. No irrumpe con grandes rupturas ni relatos épicos, sino que se instala mientras nosotros seguimos mirando el mundo con categorías que han dejado de servir. 2026 no será el inicio de una era dorada ni el colapso definitivo del sistema internacional, pero sí la confirmación de algo más incómodo: el mundo que dábamos por descontado se ha roto. Lo que emerge no es un nuevo orden, sino una lógica más cruda, fragmentada y, nos guste o no, profundamente desigual.
Entramos en un escenario que se parece, cada vez más, a un mercadillo global. Todo está a la vista, todo se negocia, nada tiene un precio fijo y nadie garantiza nada a largo plazo. El poder ya no reside en los grandes principios ni en las reglas compartidas que tanto nos costó levantar, sino en la capacidad bruta de imponer condiciones en cada intercambio concreto. Mandan las arterias de fibra óptica, las rutas marítimas, la energía y la logística. Quien no tiene algo inmediato que ofrecer en el mostrador, simplemente queda excluido del negocio. No es una percepción aislada; los últimos análisis del CIDOB ya dibujan un mundo donde el multilateralismo pierde peso frente a una normalización del uso de la fuerza —ya sea económica o militar— como herramienta de gestión cotidiana.
Este transaccionalismo ha dejado de ser una forma de hacer política exterior para convertirse en una forma de organizar la vida. La lógica que Donald Trump elevó a categoría de método -protección a cambio de contraprestaciones, acuerdos de usar y tirar, desprecio por las instituciones- ya no es una anomalía, sino la norma. La diplomacia se ha vuelto ruda, personalista y de corto recorrido: hoy eres útil, mañana estorbas. Que se lo digan a Zelenski, obligado a renegociar cada palmo de apoyo, o a México y Canadá, que han comprobado cómo los tratados firmados valen poco cuando se desenfunda el arancel como arma de presión. En este mercadillo, ni siquiera las alianzas de toda la vida garantizan protección. La lección es clara: no hay compromisos duraderos, solo intercambios condicionados.
En este contexto, empieza a cobrar sentido hablar de un neofeudalismo contemporáneo. No es que vuelvan los castillos, es que el poder se fragmenta y los territorios dejan de ser comunidades políticas plenas para convertirse en piezas de un engranaje. Ya no importa tanto quién eres, sino si ocupas un nodo útil. La soberanía, esa vieja palabra, está dejando paso a la utilidad.
España llega a este 2026 con una imagen exterior razonablemente sólida pero con las costuras internas algo debilitadas. Crecemos, sí, y creamos empleo por encima de la media europea, transmitiendo una estabilidad envidiable en un entorno convulso. Pero esa calma es engañosa si se mira el fondo. El World Inequality Report 2026 apunta a un problema que ya es estructural: la desigualdad de patrimonio crece más rápido que la de renta, y la vivienda se ha consolidado como el gran muro que separa a los ciudadanos. Somos un país desigual en el acceso a los activos. Quien tiene casa queda protegido; quien no, corre el riesgo de quedar en desventaja permanente. Mientras las clases medias y los jóvenes sienten el aliento de la precariedad, el capital inmobiliario juega con ventaja, generando un malestar que es el caldo de cultivo ideal para los populismos. Cuando el contrato social se percibe como un mercadillo amañado, la democracia se resiente.
Y Canarias, lejos de ser una excepción, se ha convertido en el espejo donde este proceso se refleja con más nitidez. El archipiélago llega a 2026 batiendo récords turísticos y con una actividad económica febril, pero el reto es conseguir que ese crecimiento no sea solo una cifra estadística, sino bienestar compartido. En las islas, el "mercadillo" se ve a plena luz del día. El suelo, la vivienda y el propio paisaje se revalorizan para el mercado global mientras los salarios luchan por no quedarse atrás. El malestar que algunos despachan con el término simple de “turismofobia” no es un rechazo al visitante, sino una reacción ante un modelo que corre el riesgo de convertir el territorio en mercancía y a sus habitantes en figurantes de su propia tierra.
Canarias condensa en su geografía los grandes conflictos de nuestro tiempo: los límites ecológicos, la dependencia exterior y esa sensación de que las decisiones importantes se toman en despachos muy lejanos. Por eso, que la voz canaria en Madrid sea fuerte y tenga agenda propia ya no es una cuestión de cuotas políticas, sino un seguro de vida. En un Estado que se gobierna a golpe de transacción, quien no defiende su singularidad y su realidad ultraperiférica acaba pagando la factura de otros.
Sin embargo, sería un error caer en el pesimismo. En este mundo de nodos estratégicos, Canarias no es un rincón irrelevante. Somos la frontera sur de Europa, una plataforma clave para los datos, la energía y la logística en el Atlántico. El problema es que, en un sistema transaccional, ese valor no garantiza por sí solo ni la democracia ni el bienestar. Si no articulamos una estrategia propia, ese valor estratégico será capturado desde fuera, convirtiendo a las islas en un territorio funcional para otros pero socialmente fracturado.
El reto de 2026 es, por tanto, profundamente político. El peligro no es solo que Canarias sea moneda de cambio, sino que aceptemos esa lógica hacia dentro, normalizando la precariedad como un daño colateral inevitable. Porque cuando una sociedad se organiza como un mercadillo donde todo es negociable, la democracia se vacía de contenido. La seguridad y el futuro no pueden subastarse al mejor postor. 2026 no nos preguntará qué papel juega Canarias en la geografía del poder, sino qué tipo de sociedad hemos decidido ser. Y esa es una pregunta que ya no admite más apaños de última hora.