¿Pertenece usted a una comunidad de vecinos cuyas azoteas podrían ser aprovechadas para generar energía solar? ¿Está su empresa situada en un polígono industrial con cubiertas disponibles para la energía fotovoltaica? ¿Hay edificios públicos en su barrio, como colegios o polideportivos que podrían tener paneles solares en el techo?
Esos son algunos de los asuntos a los que dan respuesta las comunidades energéticas. En el fondo, estamos hablando de personas que se asocian, desarrollan proyectos y usan los recursos locales para generar y gestionar de manera inteligente la energía para su comunidad. Es lo que se ha venido a denominar en los últimos tiempos como “ciudadanía energética”. A ello han contribuido diferentes directivas europeas sobre la energía al establecer que los ciudadanos tienen derecho a generar y acceder a la energía renovable, autoconsumirla, almacenarla, venderla y participar en comunidades energéticas.
Una comunidad energética puede constituirse en cualquier lugar, desde poblaciones en la cumbre hasta barrios urbanos o zonas industriales. Van más allá del simple autoconsumo colectivo, es decir, compartir la producción de renovable en unas proporciones determinadas entre sus miembros. El objetivo es producir energía para el autoconsumo, mientras se almacena o suministra a la red, bajo ciertos términos, los excedentes. Las comunidades energéticas, en cambio, son más complejas: pueden estar constituidas por varios autoconsumos colectivos e integran soluciones técnicas como la integración de sistemas fotovoltaicos, baterías, flexibilidad, predicción, control inteligente o movilidad eléctrica.
Las comunidades energéticas tienen un enorme potencial para reducir nuestras emisiones y ayudarnos a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas. Los proyectos de energía renovable de propiedad comunitaria pueden ayudar a descarbonizar el sistema energético de Gran Canaria al generar electricidad limpia y fomentar una mayor eficiencia energética. Pero esta no es la única ventaja. También generan otros tipos de beneficios como el impulso a la economía local, crear empleos y atraer inversiones, reducir la factura energética entre sus miembros, empoderar a la comunidad local, proporcionar ingresos para ampliar la potencia instalada y los servicios asociados o hacer frente a la emergencia climática, mostrando a todos que el cambio es posible.
¿Dónde se está avanzando en Gran Canaria? Ahora mismo desde el Cabildo se están acompañando diferentes iniciativas tanto vecinales como empresariales en Siete Palmas, el casco urbano de Telde, el barranco de Arguineguín y en diferentes polígonos industriales (en el de Arinaga, donde ya se están dando pasos para constituir una cooperativa, Cruz de la Gallina, Jinámar y otros). Las comunidades energéticas no son una empresa de energía al uso. A menudo se inician alrededor de una mesa, en reuniones de vecinos o empresariales e impulsadas por personas comprometidas, habitualmente sin experiencia en el sector energético.
Lo que hemos podido comprobar en este último año y medio de efervescencia de las comunidades energéticas es que la ciudadanía está interesada, pero se enfrenta a desafíos para encontrar la información correcta y necesitan de apoyo administrativo. Por eso es tan necesario el asesoramiento y acompañamiento: este tipo de proyectos colectivos requieren de una gran dosis de innovación social. Si partimos de la premisa de que estas iniciativas locales son clave para democratizar el acceso a la energía limpia y garantizan que todos podamos beneficiarnos de la electricidad renovable, es un deber moral superar las barreras y obstáculos que impiden su desarrollo con proactividad, asesoramiento y cercanía.
Por eso el Cabildo ha creado la Oficina de Transformación Comunitaria y Transición Energética (OTC) con el fin de mediar, acompañar y, si fuese el caso, facilitar la entrada del Consejo Insular de la Energía en los proyectos de comunidades energéticas que están en marcha. Además, también se ha lanzado la web de la OTC, concebida como herramienta para los ciudadanos donde pueden obtener ayuda en cada paso del proceso. Incluso permitirá conectar a los ciudadanos con instaladores de confianza y asegurar que las personas interesadas obtengan un apoyo total y la mejor relación calidad-precio. Estamos convencidos de la innovación tecnológica debe ir acompañada de innovación social para acelerar la transición hacia las energías limpias.
El ritmo y despliegue de las comunidades energéticas está siendo muy dispar dentro de la UE. Podemos encontrarnos con experiencias de más de 10 años en Groningen (Países Bajos) y otras más recientes como la de Enercoop en Crevillent (Alicante). Se calcula que unos tres millones de europeos disfrutan de la producción colectiva de energía a través de 3.000 comunidades energéticas, aunque el despliegue en España no ha sido suficientemente rápido. En Canarias existen proyectos avanzados, pero ninguna iniciativa real todavía en marcha. Además de Gran Canaria, donde conviven iniciativas público-privadas lideradas por el Cabildo junto con otra de carácter privado en el Polígono Industrial de El Goro, existen proyectos en La Palma y Tenerife.
Debemos acelerar la implantación de comunidades energéticas, porque serán una fuente de generación y almacenamiento distribuidos, que podrán gestionarse inteligentemente para ofrecer mejores servicios tanto a sus miembros como al sistema energético de la isla. El despligue a gran escala de comunidades en nuestra isla proporcionará el camino hacia una mayor penetración de la energía verde renovable y mejorará la fiabilidad, la resiliencia y la flexibilidad del sistema de energía.
El siglo XXI requiere de una ciudadanía activa que impulse el cambio hacia una isla sin emisiones de gases de efecto invernadero. Con la energía solar, los ciudadanos reducen sus facturas de electricidad y alimentan sus hogares, negocios e industrias con una fuente de energía limpia, local, asequible y renovable. La energía solar aporta nuevos puestos de trabajo, desarrollo comunitario y niveles de vida más altos para todos los ciudadanos.
En definitiva, el desafío está en pasar de ser meros consumidores pasivos a “prosumidores” activos utilizando nuestras azoteas, cubiertas industriales o públicas. Debemos democratizar nuestro sistema energético cada vez más, es decir, producir y consumir de manera comunitaria más energía local a partir de fuentes como la solar e impulsar el almacenamiento y las soluciones inteligentes para gestionar eficientemente la energía. El concepto de “ciudadanía energética” comienza a extenderse cada vez más, pero no es un concepto meramente “tecnocrático”, puesto que pone sobre la mesa la relevancia de dimensión social si queremos descarbonizar nuestro modo de vida.
