(Publicado en Canarias7 el 16 de octubre 2024)
El reciente Forum New Economy, celebrado el pasado mayo en Berlín, ha sido un punto de inflexión para replantear el papel del sector público en la economía. Durante el evento, economistas de prestigio como Dani Rodrik, Thomas Piketty e Isabella Weber firmaron la Declaración de Berlín, un documento que aboga por un cambio de paradigma hacia una mayor intervención estatal. Este enfoque busca frenar el avance del populismo y recuperar la confianza en las democracias liberales, que han perdido terreno frente a una globalización descontrolada, el cambio climático y la creciente desigualdad económica. Los mercados, en su autorregulación, han fallado en responder a estos desafíos y es hora de replantear el modelo económico actual.
La Declaración de Berlín destaca que el Estado no debe limitarse a regular, sino convertirse en un actor clave en la creación de valor, liderando inversiones estratégicas. Esta visión está alineada con las ideas de Mariana Mazzucato, quien en su libro "Otro capitalismo es posible" defiende que los gobiernos deben asumir el liderazgo en áreas críticas como la energía verde, orientando el desarrollo hacia misiones específicas que aborden los grandes retos del siglo XXI. Yo añadiría que las comunidades locales tienen un papel crucial en la lucha contra el cambio climático y en la construcción de una economía más justa y sostenible mediante proyectos que unan a las personas en torno a objetivos comunes y valores compartidos, como la protección del medio ambiente y el bienestar colectivo.
Este enfoque es evidente en el proyecto de “ecoísla” del Cabildo de Gran Canaria, impulsado por nuestro presidente Antonio Morales. El proyecto “ecoísla” busca un desarrollo sostenible que combina el valor de lo público con la participación privada, promoviendo la identidad local, la cooperación comunitaria y la preservación del entorno natural de la isla. Frente al fracaso de la hiperglobalización, defendida por en las últimas décadas sectores ultraliberales y socialdemócratas, la “ecoísla” es una respuesta innovadora que pone el bienestar común en el centro de su estrategia.
Un ejemplo destacado es el proyecto Salto de Chira, que combina energía hidroeléctrica y desalación de agua, ofreciendo soluciones a los problemas de seguridad energética y acceso al agua en Gran Canaria. Este tipo de proyectos ilustran cómo las políticas de innovación pueden alinearse con objetivos sociales y ambientales, creando infraestructuras sostenibles que generan valor más allá del mero beneficio económico.
Gran Canaria se ha convertido en un verdadero laboratorio de sostenibilidad, donde las políticas de colaboración público-privada están transformando el sistema energético de la isla. A través de la Agenda de Transición Energética, el gobierno insular fomenta el autoconsumo, las comunidades energéticas y la descentralización del suministro de energía, con el objetivo no solo de reducir las emisiones de carbono, sino también de garantizar una distribución más equitativa de los recursos energéticos y una mayor participación ciudadana.
Este enfoque encaja perfectamente con la tesis central de Mazzucato: las instituciones públicas no deben limitarse a supervisar, sino a crear valor público. Proyectos como los Life, que refuerzan la resiliencia climática mediante la restauración de ecosistemas y la creación de infraestructuras verdes, demuestran cómo la inversión pública puede generar beneficios duraderos para la sociedad. El Cabildo debe actuar como un catalizador de la innovación, facilitando la transformación hacia una economía más sostenible y justa.
Otros proyectos como Masdunas, que restaura los ecosistemas dunares de Maspalomas y promueve actuaciones sostenibles, y Life Nieblas, que innova en la captación de agua en zonas forestales, también refuerzan esta visión. Estos proyectos, más allá de sus soluciones tecnológicas, están diseñados para fortalecer la biodiversidad y mejorar la gestión de recursos esenciales como el agua, crucial en una isla con limitaciones naturales.
Iniciativas como CostAdapta, enfocadas en proteger las zonas costeras frente al cambio climático, y Horizon Natalie, que busca innovar en infraestructuras sostenibles, son ejemplos adicionales de cómo Gran Canaria está a la vanguardia en la construcción de una economía verde, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Además, la gobernanza colaborativa debe tener un enfoque internacional, buscando generar alianzas dentro y fuera de Canarias para fortalecer las capacidades locales de adaptación al cambio climático.
El economista Michael Jacobs también defiende un modelo de capitalismo inclusivo, donde las soluciones tecnológicas y ambientales no solo beneficien a unos pocos, sino que involucren activamente a las comunidades. Las comunidades energéticas en Gran Canaria son un claro ejemplo de cómo integrar a los ciudadanos en la transición hacia una economía más sostenible, permitiendo una distribución más equitativa de la energía y reduciendo la dependencia de los grandes monopolios energéticos.
Este enfoque colaborativo es esencial en un momento en que, como señala Héctor Tejero en un reciente artículo, es insostenible seguir apostando por un crecimiento ilimitado. Es fundamental establecer límites al capitalismo y respetar los límites planetarios, garantizando una distribución justa de los beneficios y las cargas del cambio climático. Este equilibrio entre crecimiento económico y sostenibilidad es crucial para asegurar un modelo de desarrollo viable a largo plazo.
También me gustaría destacar nuestro énfasis en la gobernanza colaborativa. Los grandes retos a los que nos enfrentamos como el cambio climático requieren de un enfoque coordinado entre los sectores público y privado. Por ejemplo, el proyecto Gran Canaria Geotermia busca estudiar la viabilidad de la energía geotérmica profunda, un ejemplo de cómo el Cabildo alinea recursos tanto públicos como privados para generar energía limpia. En este caso, el Cabildo es un facilitador de la innovación, utilizando su capacidad para asumir riesgos y atraer inversiones privadas que de otra forma no se realizarían.
En definitiva, para superar los retos del siglo XXI, las instituciones públicas deben recuperar un papel protagonista en la economía. No basta con ser meros reguladores, deben liderar la creación de infraestructuras y políticas que respondan a las misiones más urgentes de nuestra era. El enfoque neoliberal ha fracasado en ofrecer respuestas a los problemas estructurales, y ahora es el momento de apostar por un modelo que combine sostenibilidad, equidad y colaboración internacional.
En este sentido, las políticas del Cabildo de Gran Canaria, orientadas a la innovación y la sostenibilidad, no solo mejoran la vida de los ciudadanos, sino que también fomentan un sentimiento de pertenencia y orgullo por la isla. La gestión ambiental y la participación comunitaria impulsadas por el Cabildo son un ejemplo de cómo las administraciones locales pueden liderar el camino hacia una economía más justa y sostenible, en plena consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
