Por Raúl Garcia Brink, Consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria
El pasado 19 de febrero, en el patio del Cabildo de Gran Canaria, no hubo una rueda de prensa más. Fue una imagen poco habitual y profundamente significativa: alcaldesas y alcaldes, empresarios, comunidades energéticas, representantes industriales y del sector renovable compareciendo juntos para advertir de algo muy concreto. Más de 100 millones de euros están en riesgo solo en Gran Canaria. Si ampliamos la mirada al conjunto del Archipiélago, la cifra puede superar otros 100 millones adicionales.
No hablamos de anuncios ni de ideas sobre el papel. Son proyectos concedidos, contratos firmados, licitaciones cerradas y obras iniciadas. Son empresas que han invertido, ayuntamientos que han planificado instalaciones y vecinos que ya forman parte de comunidades energéticas. Ahí está, por ejemplo, la Comunidad Energética Industrial de El Goro, que moviliza decenas de millones en un entorno plenamente industrial, demostrando que la transición energética puede reforzar la competitividad, el empleo y el arraigo empresarial sin ocupar un solo metro de suelo virgen.
Pero no se trata solo de iniciativas empresariales. El propio Cabildo de Gran Canaria tiene en riesgo más decenas de millones de euros en proyectos insulares ya preparados para sacar a licitación: instalaciones de autoconsumo colectivo en edificios públicos, actuaciones en infraestructuras estratégicas y proyectos vinculados a comunidades energéticas impulsadas desde la administración. Son inversiones planificadas con rigor, con contratación pública ya activada y con impacto directo en el tejido productivo local.
La preocupación no es solo grancanaria. También el Ayuntamiento de El Rosario, en Tenerife, está afectado, junto con sus comunidades energéticas y el conjunto de las organizaciones del sector renovable de Canarias. La fotografía del patio del Cabildo era la expresión de algo más amplio: un territorio entero que ha apostado por las energías limpias y que ahora ve cómo se ponen en riesgo proyectos que ya están en marcha.
Conviene despejar cualquier equívoco. No estamos hablando de ocupar espacios naturales ni de intervenir en suelo no transformado. Estos proyectos se desarrollan en cubiertas industriales, aparcamientos, edificios públicos y zonas ya construidas. Es generación distribuida en espacios antropizados. Es eficiencia territorial. Es transición responsable.
Lo que está en juego no es solo una cifra económica. Es el modelo energético que queremos consolidar en las islas. Apostamos por un sistema distribuido, donde la energía se produce cerca de donde se consume, donde comunidades energéticas, pymes e industrias participan activamente y donde la generación no queda concentrada en unos pocos actores. Un modelo más democrático, más resiliente y coherente con la realidad insular.
Canarias es un sistema eléctrico aislado. Dependemos en gran medida de combustibles importados, lo que encarece la factura y aumenta nuestra vulnerabilidad. Cada instalación renovable reduce esa dependencia. Y cuando esa instalación está distribuida en techos industriales y edificios públicos, además genera actividad económica local, empleo cualificado y arraigo empresarial.
El problema es el trato desigual. Mientras las convocatorias gestionadas directamente por el Gobierno central han sido flexibilizadas y cuentan con más margen para ejecutar los proyectos, las convocatorias gestionadas por Canarias mantienen plazos rígidos que, tras los retrasos en la resolución de ayudas, resultan prácticamente imposibles de cumplir. Con los mismos fondos y el mismo objetivo climático, el margen no es el mismo.
Por eso interpelamos directamente al Gobierno central y a la ministra. Pedimos sensibilidad con un territorio ultraperiférico que ha demostrado compromiso real con las renovables y con las energías limpias. Estos proyectos no solo reducen emisiones; generan actividad empresarial, activan instaladores e ingenierías, fortalecen proveedores locales y crean empleo que se queda en las islas.
Frenar ahora más de 100 millones en Gran Canaria -y potencialmente el doble en el conjunto del Archipiélago- significa paralizar inversiones ya comprometidas, frenar empleo y debilitar un modelo energético más democrático y distribuido.
Aquella imagen del 19 de febrero en el patio cubierto del Cabildo no fue una puesta en escena. Fue la fotografía de un territorio que quiere avanzar sin consumir más suelo, que quiere producir energía desde sus techos y sus polígonos industriales, que quiere comunidades energéticas fuertes y empresas competitivas.
Esa imagen merece una respuesta. No pedimos privilegios. Pedimos coherencia. Pedimos igualdad de trato. Pedimos que no se penalice a quienes han hecho su parte y han apostado por un modelo que beneficia al conjunto de la sociedad canaria.
No frenen la energía democrática de Canarias.