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Por Raúl García Brink, Secretario de Organización de Municipalistas Primero Canarias en Las Palmas de Gran Canaria
Durante demasiado tiempo nos vendieron el siguiente dogma: si la economía crecía, todo lo demás llegaría por añadidura. Primero producir, atraer inversión, inflar la actividad; y después —casi por inercia— mejorarían la vivienda, los barrios y la igualdad. Este relato no fue exclusivo del neoliberalismo; también fue asumido por la socialdemocracia de la llamada “Tercera Vía”, tras Tony Blair. El consenso era cómodo: crecer primero, corregir después.
Hoy esa promesa de prosperidad automática se ha resquebrajado. Las ciudades han crecido y el PIB también, pero la realidad material de la mayoría no ha seguido el mismo ritmo. Esa contradicción ya no puede esconderse tras las cifras macroeconómicas. No es una discusión abstracta; es una urgencia cotidiana. Se ve en los jóvenes que no pueden emanciparse, en las familias que entregan buena parte de su sueldo al alquiler y en los vecinos que sienten que su ciudad empieza a funcionar más como activo financiero que como hogar. El crecimiento, por sí solo, no está ordenando la vida urbana; la está fragmentando.
Canarias es un ejemplo claro de esta desconexión. La economía del archipiélago ha crecido, pero no de manera equilibrada. El último informe sobre desigualdad de Esade sitúa a las islas con el índice de Gini patrimonial más alto del país (75,2). Dicho de forma sencilla: si toda la riqueza se dividiera en cien partes iguales, la mitad de la población apenas reuniría cuatro. Eso significa que el crecimiento se concentra en la parte alta y no genera una base sólida de seguridad económica para la mayoría. Y esa concentración se traduce en la ciudad.
En Las Palmas de Gran Canaria, la desigualdad tiene forma de barrio. En Guanarteme o en La Isleta, la presión del alquiler y la transformación residencial ligada al turismo están tensionando el equilibrio vecinal. Edificios completos cambian de manos, los precios suben y la incertidumbre se instala en comunidades que llevan décadas arraigadas allí. Al mismo tiempo, barrios como Lugarejos o El Batán siguen arrastrando déficits históricos de inversión, mantenimiento y servicios que el crecimiento agregado no ha corregido.
La ciudad no es homogénea. Hay barrios que mueren de “éxito" y otros que sobreviven en el olvido. Son problemas distintos que requieren políticas distintas. Pero ambos revelan el mismo problema de fondo: lo que no se ve desde la superficie es, a menudo, lo que más necesita intervención pública.
El error nace también de cómo nos enseñaron a medir el éxito. Los manuales clásicos de economía, como los de Paul Samuelson, nos acostumbraron a valorar únicamente lo que tiene precio, dejando en la sombra la naturaleza y los cuidados. Bajo esa lógica, el PIB es una métrica incompleta: crece si hay que reconstruir tras un incendio o si la actividad inmobiliaria se dispara, pero no descuenta la degradación urbana ni el desgaste social que genera.
Frente a este modelo agotado, la economía del dónut de Kate Raworth propone algo que, en el fondo, es de sentido común: garantizar un suelo social sólido —vivienda accesible, servicios públicos, ingresos dignos— sin rebasar los límites ecológicos y territoriales que hacen posible la vida. El éxito no es la expansión infinita en un territorio frágil, sino la capacidad de vivir bien dentro de márgenes seguros y justos.
Aplicado a nuestras ciudades, esto obliga a mirar con honestidad dónde no estamos llegando y dónde estamos sobrepasando límites. No se trata solo de vivienda, aunque sea el pilar básico. Se trata de dignificar barrios enteros, de invertir donde durante años se invirtió menos, de cuidar el espacio público que no sale en las postales y de evitar que determinadas zonas se conviertan exclusivamente en producto inmobiliario o turístico.
Cuando un barrio se deteriora o se vacía de vecinos, no solo cambia el paisaje urbano. Se resiente la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la confianza en las instituciones. Y eso no lo corrige automáticamente el mercado.
Durante décadas identificamos crecimiento con progreso. Hoy el reto es distinto: construir ciudades que garanticen una base social sólida sin hipotecar su futuro ni fracturar su tejido urbano. Volver a pensar la ciudad desde la gente no es una consigna nostálgica; es la obligación de recuperar el sentido de la política allí donde la vida cotidiana se la juega.
Y eso exige algo más que crecimiento. Exige prioridades claras, reglas firmes y la convicción de que ningún barrio —ni el que sufre presión inmobiliaria ni el que arrastra abandono— puede quedar atrás.