La auténtica soberanía energética no consiste en levantar fronteras ni en reclamar privilegios. Consiste en utilizar la singularidad que Europa reconoce a Canarias para construir un sistema eléctrico que responda a nuestros intereses estratégicos. Un sistema que premie el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, que haga rentable almacenar la energía que hoy desperdiciamos, que incentive tecnologías capaces de aportar firmeza y estabilidad, que convierta al consumidor en protagonista de la transición y que reduzca progresivamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles importados.
Se trata de dignificar barrios enteros, de invertir donde durante años se invirtió menos, de cuidar el espacio público que no sale en las postales y de evitar que determinadas zonas se conviertan exclusivamente en producto inmobiliario o turístico.
Por otro lado, si de verdad hablamos de política que toca la vida cotidiana, también hay que hablar de lo que la gente ve y sufre cada día al salir de casa. La limpieza de las calles, el estado de las aceras, el cuidado del espacio común o cómo se gestionan los residuos no son detalles menores: son la primera prueba de si una ciudad funciona o no. Ahí la política deja de ser discurso y se convierte en experiencia. Cuando lo común se deteriora, la sensación no es técnica, es clara y directa: abandono, dejadez, distancia. Atender estas cuestiones no es rebajar la ambición política; es municipalismo en estado puro, gobernar desde lo cercano, con hechos visibles y no con épica vacía.
Estamos aportando claramente por el almacenamiento descentralizado. La instalación de baterías distribuidas en hogares, industrias, comunidades energéticas y edificios públicos permite no solo aprovechar mejor la producción local de renovables, sino reforzar la resiliencia del sistema eléctrico frente a apagones. Los repetidos cortes de suministro sufridos en el archipiélago —especialmente en Tenerife, La Gomera, La Palma— han sido una llamada de atención que no podemos ignorar. La reciente declaración de emergencia energética por parte del Gobierno de Canarias evidencia que no estamos ante incidentes aislados, sino ante una muestra clara de la fragilidad y obsolescencia de nuestro sistema eléctrico. En territorios insulares sin interconexiones externas, contar con sistemas distribuidos de almacenamiento es una garantía de continuidad del suministro ante cualquier fallo en la red principal.
Lo local, en este contexto, se convierte en un laboratorio privilegiado para imaginar y poner en práctica nuevas formas de relación social y sostenibilidad. No como una escala menor, sino como el lugar donde la política vuelve a tener rostro, donde las soluciones se construyen desde la proximidad y con sentido de pertenencia.
Las políticas del Cabildo de Gran Canaria, orientadas a la innovación y la sostenibilidad, no solo mejoran la vida de los ciudadanos, sino que también fomentan un sentimiento de pertenencia y orgullo por la isla. La gestión ambiental y la participación comunitaria impulsadas por el Cabildo son un ejemplo de cómo las administraciones locales pueden liderar el camino hacia una economía más justa y sostenible, en plena consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
